La seguridad nacional más allá del CISEN

1. En las semanas recientes el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha estado en medio de una fuerte polémica primero por la contratación de una empresa privada para dar seguimiento a las actividades del poder legislativo federal y a sus integrantes, luego por las denuncias de destacados legisladores que aunque no lo señalan directamente al CISEN como responsable, se insinúa su participación, y finalmente, las declaraciones de su titular a un periódico británico en el sentido de que el Congreso no está a salvo de los intentos de las organizaciones del narcotráfico de arrebatarle el poder al Estado y que no se descarta la posibilidad de que dinero sucio haya estado involucrado en las campañas de algunos de ellos”.

2. Mi comentario más que ahondar en lo que ya se ha dicho busca tratar de ver un poco más el fondo del asunto, para no perdernos en los nombres de personajes que finalmente, son transitorios. Los puntos son:

a) El origen limitado de la Ley de Seguridad Nacional, donde sólo se regulo al CISEN, y se dejaron fuera al resto de instancias del Estado que hacen labores de inteligencia (SDN, SM, PGR, SHCP) e incluso los gobiernos estatales.

b) El desconocimiento y desdén de los legisladores hacia los temas de seguridad nacional, que a pesar de tener una comisión bicameral que los obliga a trabajar permanentemente en la materia, solo la reviven como tribunal del santo oficio, y no para asumir su responsabilidad que la ley les impone.
c) Los problemas de origen: el no respetar lo que señala la propia ley de seguridad nacional en su Artículo 11, que establece que “ Los titulares de las instituciones de Seguridad Nacional, deben entre otros requisitos: III. Acreditar la capacidad y experiencia para el desempeño de la función”, situación que no se cumplió.

3. EL PROBLEMA DE FONDO, NO ES LA REMOCIÓN DEL TITULAR DEL CISEN, SINO QUE EL MODELO DE SEGURIDAD NACIONAL ACTUAL, SU ARQUITECTURA INSTITUCIONAL NO ES LA ADECUADA PARA DAR RESPUESTA A LOS RETOS QUE HOY ENFRENTAMOS, LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL y las nuevas instituciones que de ellas se derivan fueron pensadas para una realidad que ha sido ampliamente superada. Por un lado, no fue posible incluir en la nueva ley la nueva generación de amenazas de carácter global que hoy enfrentan los Estados Nacionales, y sólo se limitó a incluir aún de forma parcial y limitada el catalogo de viajas amenazas conocidas a lo largo del siglo XX. Hace falta una segunda generación de reformas a las instituciones de seguridad nacional que de cuenta de la complejidad de los nuevos retos globales pero sobre todo, que sea congruente con UN PROYECTO DE NACIÓN AL CUAL SE ASPIRA.

4. En el siguiente esquema se muestra un esquema de cuáles serían esas amenazas, y a las que corresponde hacer un análisis de vulnerabilidad para poder identificar prioridades, hacer las reformas pertinentes y asignar los recursos necesarios para hacerles frente. A las amenazas tradicionales, se suman las irregulares, las catastróficas y las desconocidas.

Ilustración 1. Viejas y nuevas amenazas a la seguridad nacional

Nota: Elaboración del autor con el modelo del Quadrenial Defense Review 2005. En el cuadrante de las amenazas tradicionales, las marcadas con un asterisco corresponden a la agenda de riesgos del CISEN, consideramos su inclusión porque es el punto de vista institucional. El subrayado es para anotar que el autor coincide con su inclusión. Las marcadas con dos asteriscos son las que la Organización de Estados Americanos ubicó como amenazas a la seguridad nacional de los países de la región en la Declaración sobre Seguridad de las Américas aprobada el 28 de octubre de 2003.

Extracto de la Ley de Seguridad Nacional publicada en el DOF del 31 de enero de 2005.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
. III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Las lecciones del News Divine y la oportunidad del Distrito Federal para proponer un nuevo modelo de seguridad

Finalmente el asunto de la responsabilidad política en el caso News Divine concluyó, momentáneamente, con la salida de Joel Ortega y de Rodolfo Félix Cárdenas de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal respectivamente. A ello contribuyó sin lugar a dudas la serie de informes que el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard recibiera tanto de sus propias áreas, pero sobre todo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Las lecciones:

1. ES NECESARIO TRANSPARENTAR Y RECONOCER LA VERADADERA MAGNITUD DE LA CRIMINALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PODER HACERLE FRENTE, ASÍ COMO ASUMIR EN LA PRÁCTICA QUE LA SEGURIDAD REQUIERE DE UN ENFOQUE INTEGRAL Y NO SOLO POLICIACO.

El Jefe de Gobierno, y el PRD en la capital están pagando con la destitución forzada de estos funcionarios el precio de haber abandonado sistemáticamente la seguridad y la justicia en la capital del país. Me explico, el caso News Divine fue la conclusión de un largo proceso de deterioro en las instituciones de la capital. Durante las administraciones perredistas, de forma deliberada se han venido ocultando y alterando a conveniencia las cifras de criminalidad, bajándolas de forma artificial, y poniendo oídos sordos a todas las encuestas de victimización que señalan que la delincuencia es 80% más grande de lo que las autoridades reconocen.

2. SE NECESITAN POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD Y NO SÓLO DE IMPACTO MEDIÁTICO PARA REDUCIR LOS DELITOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. El Jefe de Gobierno, desde su desempeño como Secretario de Seguridad Pública optó por políticas de alta visibilidad en lugar de reformar estructuralmente la Secretaría. Como ejemplo, está la contratación que hizo del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani por un costo de más de 2 millones de dólares, y cuyas recomendaciones nunca se pusieron en práctica.

3. QUE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEPENDA DE INSTITUCIONES, NO DE PERSONAS. La renuencia del Jefe de Gobierno a solicitar la renuncia a sus colaboradores, se explica en parte, por el hasta entonces aparente buen desempeño, tanto del Secretario de Seguridad como del Procurador. La crisis para sustituirlos revela la inexistencia de un servicio profesional de carrera y de instituciones sólidas, al ser nombramientos políticos y no técnicos, cuando los individuos seleccionados para los cargos, son como en este caso destituidos, no existen suficientes relevos en el nivel de mando, y dada la falta de experiencia de los nuevos y sus equipos, tienen que administrar las instituciones con las mismas carencias y deficiencias.

POR ESTAS RAZONES, LOS CAMBIOS ANUNCIADOS POR EL JEFE DE GOBIERNO DEBEN IR MAS ALLA DEL ANUNCIO DE NUEVOS TITULARES. EL CAMBIO QUE REQUIERE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA NO PUEDEN VENIR DE ADENTRO, NECESITAN EL IMPULSO EXTERNO, Y AQUÍ ES DONDE VIENE LA TAREA PARA EL JEFE DE GOBIERNO, QUE EL JUNTO CON SUS NUEVOS FUNCIONARIOS, CONVOQUEN A UN GRAN PROYECTO PUBLICO PARA REDISEÑAR Y REINVENTAR A LA POLICIA EN LA CIUDAD DE MEXICO. EN EL DEBEN PARTICIPAR BAJO EL LIDERAZGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD LAS UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACION, INSTITUTOS, ONGS, ASAMBLEA Y PODER JUDICIAL DEL DF, CON EL APOYO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. SÓLO DE ESTA MANERA SE HABRA DE GARANTIZAR QUE EFECTIVAMENTE SE LOGRE UN CAMBIO ESTRUCTURAL Y NO SUPERFICIAL COMO HASTA LA FECHA HISTORICAMENTE HA VENIDO OCURRIENDO, CON LAS CONSENCUENCIAS NEGATIVAS QUE YA CONOCEMOS, Y QUE DE NO CORREGIRSE EROSIONARAN CADA VEZ MAS LA LEGITIMIDAD Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSITITUCIONES DEMOCRATICAS. EL DF TIENE LA GRAN OPORTUNIDAD DE APROVECHAR ESTA CRISIS Y CONVERTIRSE EN LA VANGUARDIA EN SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL PAIS, RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS LOS TIENE A SU DISPOSICIÓN, FALTA ESTRUCTURAR UN PROYECTO (NO PARA EL LUNES PROXIMO) DE LARGO PLAZO Y ACEPTAR EL RETO QUE SUPONE SU LIDERAZGO.

La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, ¿ficción o realidad?

El pasado 18 de junio se publicó en el Diario oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos cambios se conocen en general como la reforma de justicia al sistema penal. Paradójicamente y a pesar de su importancia, la reforma ha pasado desapercibida debido a los acontecimientos recientes ocurridos en el país como la ejecución de altos mandos policiacos, la discusión sobre la iniciativa Mérida y su aprobación, la brutalidad e impericia de la policía del Distrito Federal que provocó la muerte de 12 personas y recientemente las evidencias de cómo la policía municipal de León, Guanajuato entrena a sus policías en prácticas violatorias de los derechos humanos.
Todos estos hechos tomados en conjunto nos remiten al mismo asunto, la seguridad y la justicia como el eje central, no sólo de la discusión pública sino como el verdadero reto para la gobernabilidad democrática. Las reformas constitucionales cambian en muchos sentidos de forma radical y en otros deja inalterado el sistema actual. Dentro de los cambios sustanciales se encuentra la constitucionalidad del arraigo hasta por 40 días, y en casos de delincuencia organizada hasta de 80; establece para el poder judicial una nueva figura como son los jueces de control para dar seguimiento a las intervención de comunicaciones privadas; abre la posibilidad de establecer mecanismos alternativos de solución de controversias; establece un servicio de defensoría pública con servicio profesional de carrera para los defensores de oficio; cambia el concepto de readaptación por el de reinserción; establece un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes; en materia de reclusión preventiva y ejecución de sentencias prevé centros especiales para los casos de delincuencia organizada; ordena de forma oficiosa la prisión preventiva en casos de excepción para delincuencia organizada, homicidio doloso y otros delitos graves; incorpora la oralidad en los juicios y agrega el principio de publicidad, aunque establece una salvaguarda para que se aplique en un plazo de 8 años; establece la obligatoriedad de que las audiencias se desarrollen en presencia del juez; incorpora nuevas provisiones para las víctimas de delitos, testigos y funcionarios involucrados en el proceso; otorga facultades de investigación a las policías en general; establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil; establece que a más tardar el 18 de diciembre debe haber una nueva ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que seis meses después cada entidad federativa y el Distrito Federal cuente con leyes en la materia.
Entre las características del nuevo sistema se establecen bases mínimas como son: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; b) El establecimiento de bases de datos “criminalísticos” y de personal; c) La formulación de políticas tendientes a prevenir la comisión de delitos; d) la participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las política de seguridad pública; e) Que los fondos federales se apliquen exclusivamente a seguridad pública. Sin duda, los cambios son importantes y trascendentes. El problema es en esencia no de forma sino de fondo, ¿Donde están los recursos humanos y materiales que habrán de materializar la reforma? Parece que a final de cuentas comprobamos el viejo consejo de los hombres de poder: La realidad es difícil cambiarla, así que mejor cambiemos la ley. Tal vez por ello la reforma penal ha pasado desapercibida, abandonada ahí, en su ficción, mientras que nosotros navegamos en una realidad inalterada.

Sobre los hechos de la discoteca News Divine

El 20 de junio del 2008, la policía del Distrito Federal provocó la muerte de 9 personas. Adicionalmente tuvo tres muertos entre sus filas, en un operativo contra civiles desarmados, en su mayoría menores de edad.

Lo primero es que habría que lamentar la pérdida de vidas humanas, y en segundo lugar condenar la atroz incompetencia de la policía del Distrito Federal. Un tercer punto que deberá ser investigado, son las presuntas violaciones a los derechos humanos, con tratos inhumanos y degradantes contra estos jóvenes… Sobra decir que los delitos ocurridos deben ser investigados y perseguidos conforme a la ley.

Responsabilidades políticas

Responsabilidad política del Secretario de Seguridad Pública, y sobre todo del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que con estos se deja al descubierto los años de simulación y negación de la realidad en materia de seguridad pública, que no ha sido sino un trampolín político personal y partidista en demérito de la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos de la capital del país. Las causas: corrupción a nivel delegacional y una policía incompetente.

El 31 de marzo de 1990, la policía metropolitana de Londres reprimió una manifestación en contra del llamado “impuesto por cabeza” o poll tax que la primera ministra Margaret Tacher quería imponer a cada ciudadano mayor de 18 años. Ante la protesta que congrego a más de 200,000 personas en la Plaza de trafalgar square, el equivalente a lo que sería nuestro zócalo. Hubo cientos de heridos, eso fue el detonante para que meses después la otrora poderosa Dama de Hierro presentara su renuncia. Cayó margaret tacher y la policía metropolitana tuvo la mayor transformación en su historia.

La seguridad y justicia en el país, requieren de una transformación radical, de nuevos paradigmas que trasciendan y vayan más allá de individuos incompetentes, que finalmente son transitorios pero que deben de ser sancionados, al menos políticamente para terminar con la impunidad; la sociedad por su parte, debe ser más exigente al momento de emitir su voto..no se trata de de salir al paso con ocurrencias mediáticas o declaraciones de banqueta…se requiere una política criminológica seria y de largo plazo, apartidista con fundamentos técnicos y científicos, con ciudadanos participando como colaboradores y no como comparsas en consejos ciudadanos a modo de las autoridades…

Si el Jefe de Gobierno quiere en verdad demostrar que tiene facultades de estadista, debe entonces asumir los costos políticos, cesando a los funcionarios responsables, investigando con imparcialidad y eficacia los hechos, pero sobre todo, abandonar su anodismo y superficialidad para convocar a todas las fuerzas sociales: ong´s, legisladores, partidos, universidades y organismos internacionales, a que con objetivos claros y fechas establecidas se inicie una refundación de la policía de la ciudad de México, incluida la Procuración de Justicia.