El cumplimiento del plazo de los 100 días

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 27 de noviembre de 2008.

Está a punto de cumplirse el plazo de 100 días que se dieron a sí mismos los firmantes del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (el pasado 21 de agosto). De los compromisos ahí establecidos, aunque se intentará decir que han sido parcialmente cumplidos, lo cierto es que poco importa. Lo comentamos en su momento, que esos “compromisos” no eran tales, en el mejor de los casos se quedarán como lo que son buenas intenciones y un pretexto para erogar recursos. Los 4 indicadores mínimos que debieron haberse fijado mas allá de 74 lugares comúnes son: 1) Un aumento en la percepción de la seguridad, empíricamente verificable, y la reducción de estos indicadores básicos: 2) La reducción de los delitos registrados (cifra oficial), monitoreado por ciudadanos; 3) La prevalencia en la victimización (total de víctimas) y la incidencia en la victimización (total de delitos), así como su correspondencia cifra negra o cifra oculta, es decir los delitos no denunciados, y por último 4) La disminución en la prevalencia en el consumo de drogas.

Si esto lo quieren hacer modificando leyes, poniendo cámaras de circuito cerrado de televisión, creando nuevas policías, haciendo controles de confianza, no es relevante, lo relevante es que den resultados. Para ello se necesita partir de diagnósticos científicos serios, avalados por la técnica y por organismos internacionales. Con esta línea base se puede empezar a corregir el rumbo, existen algunas voces desesperadas y otras demagógicas que dicen que basta de estudios. Lo cierto es que en México no existe información estadística, de inteligencia y operativa, amén de funcionarios incompetentes pero leales al funcionario en turno, o corruptos, lo cuál explica que ante la ola de violencia el Estado Mexicano se haya paralizado.

El Presidente Calderón está a punto de cumplir se segundo año al frente del Poder Ejecutivo, aún está a tiempo de cambiar la estrategia de seguridad. No sólo es en Chihuahua donde la gente exige cambiarla, sino en el resto del país. Por otro los gobiernos estatales, responsables de la gran mayoría de delitos que ocurren en México, más del 95%, no pueden seguir con la política de la avestruz, escondiéndose y sólo salir a la luz para exigir recursos que aplican de forma irracional y nada transparente. La sociedad por su parte, esa que se dice organizada, y que cada día multiplica sus membretes, bien harían en poner un ejemplo a sus autoridades, dejarse de protagonismos e intereses mezquinos y avanzar hacia una política de Estado. Me gustaría reiterar que la solución a la ausencia de seguridad pública, no es un asunto necesariamente de dinero o de leyes, a esas soluciones le hemos apostado todo nuestro capital y hemos fracasado. La solución apunta a la voluntad política, a la responsabilidad ética y al conocimiento científico, aún la retórica de la participación ciudadana sin éste factor, no es sino un elemento decorativo y demagógico, que sólo sirve para hacerle gordo el caldo a las autoridades.

Corrupción un problema de seguridad nacional

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.

Jueves 20 de noviembre de 2008.

El narcotráfico es hoy una amenaza real para el orden social en México. La retórica gubernamental de considerarlo una amenaza a la seguridad nacional desde 1982, se ha convertido en una profecía cumplida. El problema principal es que aquellos que se supone deberían velar por la seguridad de la Nación, han sido al mismo tiempo los operadores y beneficiarios del negocio de las drogas. El caso reciente de agentes infiltrados por la delincuencia organizada en la SIEDO, y en la Embajada de Estados Unidos, y más recientemente en la INTERPOL no es sino la continuación del estado de cosas desde que la primera oficina especializada en Drogas, La Dirección General de Supervisión de Servicios Técnicos y Criminológicos, creada en 1985 luego del asesinato de la DEA, Enrique Camarena; la segunda fue la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico en 1988, desaparecida por escándalos de corrupción y violación grave de derechos humanos (Coello Trejo); la tercera fue la Coordinación general de Atención a Delitos contra la salud en 1990, desaparecida poco tiempo después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; 1992 surge el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, desaparecido en 1997, después de que su titular (El General Guitiérrez Rebollo) fue detenido y sentenciado por estar coludido con organizaciones del narcotráfico; siendo sustituida por la Fiscalía Especializada en Adicciones y Delitos contra la Salud (FEADS), desaparecida en 2003 y sustituida por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en 2003. Hoy en 2008, despúes de 28 años de políticas para el control de drogas, donde su extitular Jose Luis Santiago Vasconcelos está muerto, y los segundos al mando sujetos a proceso judicial estamos, y eso es evidente, peor que nunca: en 1985 los decomisos de cocaína fueron 500 kilos el año pasado 50 toneladas. La conclusión es evidente, una de las principales amenazas a la seguridad nacional son, precisamente las instituciones que se supone deben de velar por ella.

Las iniciativas de reforma legal entrampadas por la lucha político electoral

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 2 de octubre de 2008.

Las reformas que presentó el presidente Felipe Calderón ante el Congreso de la Unión buscan entre otros propósitos crear una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituya a la actual LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995 y reformada el 23 de agosto del 2004. Lo que la iniciativa propone en suma, es quitarle letras a la ley anterior. Porque para fines prácticos, el problema de la criminalidad y de la inseguridad en México no es un problema de leyes, sino de aplicar las que ya existen. Quizás para los estrategas actuales del gobierno federal o para los legisladores que habrán de “perfeccionarla,” el periodo que ha estado vigente la ley de 1995, es una década perdida. Así parece, aún si se utilizan los indicadores de la magra y poco confiable estadística oficial de la criminalidad:

En 1997 se registraron 78 delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes, el mismo indicador para 2007 nos dio un resultado de 130. En el mismo periodo, y en contra del sentido común y de las encuestas de victimización, los delitos del fuero común bajaron su tasa de 1,578 en 1997 a 1,492 en el 2007. Cómo explicar este descenso, quizás con un solo ejemplo, el Distrito Federal que de acuerdo con los datos de su procuraduría bajó su tasa de delitos de 2,743 en 1997 a 1,341 en 2007 (Fuente: Felipe Calderón Hinojosa, II Informe de Gobierno. Anexo Estadístico, México, 2008). Evidentemente las cifras del DF, al igual que el de muchas otros estados del país son, por decir lo menos, cuestionables. Sobre todo en función de las encuestas donde se señala que el porcentaje de la cifra oculta, es decir los delitos que no son registrados por la autoridad, supera el 80%.

El conjunto de iniciativas, y sus detalles habremos de conocerlos en los próximos días. Lo cierto es que analizando la poca efectividad de las acciones federales y la ineficacia de autoridad locales, que no cuentan con cuadros profesionales y técnicos para implementar las reformas legales en la práctica, es previsible que estamos ante una nueva década pérdida en seguridad. La respuesta de por qué ocurre esto, y sólo a manera de hipótesis, se relaciona con la lucha político electoral. La seguridad pública se ha convertido en la bandera electoral por excelencia, y por lo tanto el no avanzar en la solución de los problemas en esta materia, se convierte en un incentivo para los actores políticos, que encuentran en el tema una ventana de oportunidad para manipular a su clientela electoral. Esto se ve favorecido debido a la ausencia de consensos respecto cuáles son las mejores soluciones en seguridad y por el desconocimiento de los ciudadanos sobre la dimensión técnica del problema de la criminalidad. Esta afirmación no implica, que el uso político electoral sea deliberado, sino que puede ser el resultado no intencionado de un aparato institucional arcaico e ineficiente para dar respuesta a los problemas de seguridad, sobre todo aquellos que son propiciados por la delincuencia organizada.

La ley de seguridad de 1995 encontró en las prisiones a 94,000 internos, lo que significaba que por cada 100 mil mexicanos había 102 reos. Hoy que se discutirá una nueva ley, las cárceles encierran a 218 mil personas, lo que equivale a 202 reos, el doble que hace diez años. Así de terca es la realidad nacional…ante cada nueva ley cada vez hay más delitos, más reos, más violencia y más inseguridad.

Seguridad, petróleo, remesas y turismo

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 24 de julio de 2008.

En México nos sigue faltando visión de futuro, aun no hemos entendido que la seguridad no es una política pública más, sino la base del resto de las políticas. Lamentablemente la coyuntura se sigue imponiendo, y aun a pesar de que todas ellas tienen estrecha relación con la seguridad, seguimos sin ver el bosque completo, sólo vemos el árbol. Tomemos Por ejemplo las tres principales fuentes de ingresos de nuestro País: petróleo, remesas y turismo.

EL PETROLEO. Hoy la discusión gira en torno a las reformas de PEMEX; las visiones polarizadas tienen como objetivos no la seguridad energética del país en el largo plazo, sino los muy cercanos procesos electorales. No se discute el asunto de la energía eléctrica, ni las fuentes alternativas de energía, ni la disminución de la dependencia del petróleo como combustible, no se apuesta al uso de transportes no contaminantes, y sobre todo no tenemos alternativa ni energética ni económica para cuando los recursos petroleros se agoten.

LAS REMESAS. Los ingresos de divisas que envían los mexicanos que viven en el extranjero, han sido la válvula de escape para nuestra economía incapaz de generar empleos. El campo olvidado e improductivo no ha estallado porque el campo está poblado sólo de campesinos subsidiados en lo personal y no como sujetos de generación de riqueza. Un subsidio con carácter social, pero improductivo en términos de rentabilidad económica. No así electoral. Sin embargo, esa ficción empieza a evaporarse. Las políticas contra la inmigración ilegal en los EUA, tanto a nivel federal como estatal, comienzan a afectar el flujo de dinero, empiezan a desintegrar familias, y se anticipa una repatriación voluntario o forzosa de compatriotas.

EL TURISMO. La única actividad que en el largo plazo puede garantizar la viabilidad de México como Nación es su potencial turístico. Sin embargo el turismo ya está siendo afectado por la inseguridad. Por más que autoridades locales o federales quieran ocultarlo, el turismo ha disminuido por la inseguridad. Ejemplos son la franja fronteriza norte, estados del Pacífico y del Sureste.

El eje que estructura nuestras tres principales fuentes de ingresos es la seguridad. De nada sirve quien sea el administrador o dueño del petróleo, si continúan existiendo grupos subversivos que hagan estallar sus ductos, si continua el deterioro ecológico producto de la dependencia petrolera como fuente de ingresos y energética, pero sobre todo porque es un recurso no renovable. Los estadounidenses en general, y sus candidatos a la presidencia en particular han sido claros, no habrá reforma migratoria si no hay primero seguridad. En las condiciones actuales un evento trágico, o desafortunado en contra de extranjeros en suelo mexicano puede desencadenar una caída espectacular e irreversible. Sin seguridad, no hay Estado que administrar. Los políticos y sus partidos deberían de abandonar el horizonte histórico de 1938, y poner sus miras en el 2038, mirando hacia adelante.