viernes, 28 de noviembre de 2008

Corrupción un problema de seguridad nacional

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 20 de noviembre de 2008.

El narcotráfico es hoy una amenaza real para el orden social en México. La retórica gubernamental de considerarlo una amenaza a la seguridad nacional desde 1982, se ha convertido en una profecía cumplida. El problema principal es que aquellos que se supone deberían velar por la seguridad de la Nación, han sido al mismo tiempo los operadores y beneficiarios del negocio de las drogas. El caso reciente de agentes infiltrados por la delincuencia organizada en la SIEDO, y en la Embajada de Estados Unidos, y más recientemente en la INTERPOL no es sino la continuación del estado de cosas desde que la primera oficina especializada en Drogas, La Dirección General de Supervisión de Servicios Técnicos y Criminológicos, creada en 1985 luego del asesinato de la DEA, Enrique Camarena; la segunda fue la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico en 1988, desaparecida por escándalos de corrupción y violación grave de derechos humanos (Coello Trejo); la tercera fue la Coordinación general de Atención a Delitos contra la salud en 1990, desaparecida poco tiempo después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; 1992 surge el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, desaparecido en 1997, después de que su titular (El General Guitiérrez Rebollo) fue detenido y sentenciado por estar coludido con organizaciones del narcotráfico; siendo sustituida por la Fiscalía Especializada en Adicciones y Delitos contra la Salud (FEADS), desaparecida en 2003 y sustituida por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en 2003. Hoy en 2008, despúes de 28 años de políticas para el control de drogas, donde su extitular Jose Luis Santiago Vasconcelos está muerto, y los segundos al mando sujetos a proceso judicial estamos, y eso es evidente, peor que nunca: en 1985 los decomisos de cocaína fueron 500 kilos el año pasado 50 toneladas. La conclusión es evidente, una de las principales amenazas a la seguridad nacional son, precisamente las instituciones que se supone deben de velar por ella.

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