Las iniciativas de reforma legal entrampadas por la lucha político electoral

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 2 de octubre de 2008.

Las reformas que presentó el presidente Felipe Calderón ante el Congreso de la Unión buscan entre otros propósitos crear una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituya a la actual LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995 y reformada el 23 de agosto del 2004. Lo que la iniciativa propone en suma, es quitarle letras a la ley anterior. Porque para fines prácticos, el problema de la criminalidad y de la inseguridad en México no es un problema de leyes, sino de aplicar las que ya existen. Quizás para los estrategas actuales del gobierno federal o para los legisladores que habrán de “perfeccionarla,” el periodo que ha estado vigente la ley de 1995, es una década perdida. Así parece, aún si se utilizan los indicadores de la magra y poco confiable estadística oficial de la criminalidad:

En 1997 se registraron 78 delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes, el mismo indicador para 2007 nos dio un resultado de 130. En el mismo periodo, y en contra del sentido común y de las encuestas de victimización, los delitos del fuero común bajaron su tasa de 1,578 en 1997 a 1,492 en el 2007. Cómo explicar este descenso, quizás con un solo ejemplo, el Distrito Federal que de acuerdo con los datos de su procuraduría bajó su tasa de delitos de 2,743 en 1997 a 1,341 en 2007 (Fuente: Felipe Calderón Hinojosa, II Informe de Gobierno. Anexo Estadístico, México, 2008). Evidentemente las cifras del DF, al igual que el de muchas otros estados del país son, por decir lo menos, cuestionables. Sobre todo en función de las encuestas donde se señala que el porcentaje de la cifra oculta, es decir los delitos que no son registrados por la autoridad, supera el 80%.

El conjunto de iniciativas, y sus detalles habremos de conocerlos en los próximos días. Lo cierto es que analizando la poca efectividad de las acciones federales y la ineficacia de autoridad locales, que no cuentan con cuadros profesionales y técnicos para implementar las reformas legales en la práctica, es previsible que estamos ante una nueva década pérdida en seguridad. La respuesta de por qué ocurre esto, y sólo a manera de hipótesis, se relaciona con la lucha político electoral. La seguridad pública se ha convertido en la bandera electoral por excelencia, y por lo tanto el no avanzar en la solución de los problemas en esta materia, se convierte en un incentivo para los actores políticos, que encuentran en el tema una ventana de oportunidad para manipular a su clientela electoral. Esto se ve favorecido debido a la ausencia de consensos respecto cuáles son las mejores soluciones en seguridad y por el desconocimiento de los ciudadanos sobre la dimensión técnica del problema de la criminalidad. Esta afirmación no implica, que el uso político electoral sea deliberado, sino que puede ser el resultado no intencionado de un aparato institucional arcaico e ineficiente para dar respuesta a los problemas de seguridad, sobre todo aquellos que son propiciados por la delincuencia organizada.

La ley de seguridad de 1995 encontró en las prisiones a 94,000 internos, lo que significaba que por cada 100 mil mexicanos había 102 reos. Hoy que se discutirá una nueva ley, las cárceles encierran a 218 mil personas, lo que equivale a 202 reos, el doble que hace diez años. Así de terca es la realidad nacional…ante cada nueva ley cada vez hay más delitos, más reos, más violencia y más inseguridad.