Mexico's violence not as widespread as seems

http://www.usatoday.com/news/world/2010-08-03-Mexico-drug-violence_N.htm

¿Qué son las encuestas sobre victimización?

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 4 de diciembre de 2008.

El día de hoy el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) presentó los resultados de su 5a Encuesta Nacional sobre Inseguridad que no es otra cosa sino una encuesta de victimización, además por primera ocasión dio a conocer también "EL TERMOMETRO DEL DELITO" que ofrece por fin un verdadero Índice de Inseguridad en México, con el cual se pueden evaluar con datos duros el desempeño de cada una de las entidades federativas del país.

A pesar de que su uso es muy extendido en varios países y de que la Organización de las Naciones Unidas las considera una obligación y una necesidad de los países realizar este tipo de estudios, en México sigue habiendo un gran desconocimiento de ellas, y lleva a algunas autoridades a descalificarlas por simple ignorancia. Las encuestas sobre victimización fueron desarrolladas a finales de los sesenta del siglo pasado, en los Estados Unidos, en un principio como desarrollo experimental y posteriormente como una encuesta nacional continua desde 1972. Hoy son usadas, en varios países y regiones del mundo como parte habitual de los mecanismos de información delictiva. Este tipo de estudios tienen como característica común la intención de cuantificar el verdadero volumen de los delitos ocurridos y al mismo tiempo, identificar las características sociales, económicas y demográficas de las personas que han sido sus víctimas.

El supuesto básico de las encuestas de victimización es que al entrevistar a la población general acerca de sus experiencias como víctimas de un delito —en lugar de confiar en los reportes de las autoridades— se obtiene información previamente inaccesible, lo que permite planear el combate a la delincuencia sobre bases más sólidas. La técnica de la encuesta de victimización consiste preguntar a grandes segmentos de población en su hogar, nacionalmente o de un área determinada, con preguntas acerca de los delitos de los cuales han sido víctimas en un determinado periodo de tiempo —generalmente seis meses o un año. La información recopilada es sobre los delitos en contra de las personas o sus propiedades que ha sido cometidos (el lugar y la hora del incidente; el daño ocasionado, y si este fue reportado o no a las autoridades); y sobre las víctimas (su edad, sexo, situación socioeconómica, y sus actitudes y conductas respecto al hecho delictivo). Las encuestas de victimización van más allá de contabilizar los delitos no registrados oficialmente para preguntar sobre las percepciones y reacciones de la gente ante el delito. Al hacer esto las encuestas proporcionan bases para el desarrollo de nuevos marcos teóricos organizados alrededor de preguntas acerca de los atributos de las víctimas, las actitudes sociales frente al delito, y los efectos del delito en la comunidad. Dos áreas en particular han llamado la atención de autoridades e investigadores: el miedo al delito y el impacto del delito sobre las víctimas.

Si no se actúa sobre el miedo al delito entre los ciudadanos, a la par que sobre la criminalidad, se puede generar una espiral aún más aguda de desconfianza en la autoridad y por consiguiente una inhibición del ciudadano para participar en los procesos de procuración y administración de justicia (ya sea como denunciante o como testigo). En otras palabras, la única manera de reducir el miedo al delito es demostrar al ciudadano, en la calle o en su casa y no en las estadísticas oficiales, que el número de delitos es cada día menor. El paso obligado para lograr una reducción en los índices delictivos es partiendo de un diagnóstico certero, y esto se logra aplicando instrumentos científicos, como las encuestas de victimización.

Mas información en:

http://victimasyvictimologia.blogspot.com/

http://www.icesi.org.mx

El cumplimiento del plazo de los 100 días

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 27 de noviembre de 2008.

Está a punto de cumplirse el plazo de 100 días que se dieron a sí mismos los firmantes del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (el pasado 21 de agosto). De los compromisos ahí establecidos, aunque se intentará decir que han sido parcialmente cumplidos, lo cierto es que poco importa. Lo comentamos en su momento, que esos “compromisos” no eran tales, en el mejor de los casos se quedarán como lo que son buenas intenciones y un pretexto para erogar recursos. Los 4 indicadores mínimos que debieron haberse fijado mas allá de 74 lugares comúnes son: 1) Un aumento en la percepción de la seguridad, empíricamente verificable, y la reducción de estos indicadores básicos: 2) La reducción de los delitos registrados (cifra oficial), monitoreado por ciudadanos; 3) La prevalencia en la victimización (total de víctimas) y la incidencia en la victimización (total de delitos), así como su correspondencia cifra negra o cifra oculta, es decir los delitos no denunciados, y por último 4) La disminución en la prevalencia en el consumo de drogas.

Si esto lo quieren hacer modificando leyes, poniendo cámaras de circuito cerrado de televisión, creando nuevas policías, haciendo controles de confianza, no es relevante, lo relevante es que den resultados. Para ello se necesita partir de diagnósticos científicos serios, avalados por la técnica y por organismos internacionales. Con esta línea base se puede empezar a corregir el rumbo, existen algunas voces desesperadas y otras demagógicas que dicen que basta de estudios. Lo cierto es que en México no existe información estadística, de inteligencia y operativa, amén de funcionarios incompetentes pero leales al funcionario en turno, o corruptos, lo cuál explica que ante la ola de violencia el Estado Mexicano se haya paralizado.

El Presidente Calderón está a punto de cumplir se segundo año al frente del Poder Ejecutivo, aún está a tiempo de cambiar la estrategia de seguridad. No sólo es en Chihuahua donde la gente exige cambiarla, sino en el resto del país. Por otro los gobiernos estatales, responsables de la gran mayoría de delitos que ocurren en México, más del 95%, no pueden seguir con la política de la avestruz, escondiéndose y sólo salir a la luz para exigir recursos que aplican de forma irracional y nada transparente. La sociedad por su parte, esa que se dice organizada, y que cada día multiplica sus membretes, bien harían en poner un ejemplo a sus autoridades, dejarse de protagonismos e intereses mezquinos y avanzar hacia una política de Estado. Me gustaría reiterar que la solución a la ausencia de seguridad pública, no es un asunto necesariamente de dinero o de leyes, a esas soluciones le hemos apostado todo nuestro capital y hemos fracasado. La solución apunta a la voluntad política, a la responsabilidad ética y al conocimiento científico, aún la retórica de la participación ciudadana sin éste factor, no es sino un elemento decorativo y demagógico, que sólo sirve para hacerle gordo el caldo a las autoridades.

Corrupción un problema de seguridad nacional

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.

Jueves 20 de noviembre de 2008.

El narcotráfico es hoy una amenaza real para el orden social en México. La retórica gubernamental de considerarlo una amenaza a la seguridad nacional desde 1982, se ha convertido en una profecía cumplida. El problema principal es que aquellos que se supone deberían velar por la seguridad de la Nación, han sido al mismo tiempo los operadores y beneficiarios del negocio de las drogas. El caso reciente de agentes infiltrados por la delincuencia organizada en la SIEDO, y en la Embajada de Estados Unidos, y más recientemente en la INTERPOL no es sino la continuación del estado de cosas desde que la primera oficina especializada en Drogas, La Dirección General de Supervisión de Servicios Técnicos y Criminológicos, creada en 1985 luego del asesinato de la DEA, Enrique Camarena; la segunda fue la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico en 1988, desaparecida por escándalos de corrupción y violación grave de derechos humanos (Coello Trejo); la tercera fue la Coordinación general de Atención a Delitos contra la salud en 1990, desaparecida poco tiempo después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; 1992 surge el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, desaparecido en 1997, después de que su titular (El General Guitiérrez Rebollo) fue detenido y sentenciado por estar coludido con organizaciones del narcotráfico; siendo sustituida por la Fiscalía Especializada en Adicciones y Delitos contra la Salud (FEADS), desaparecida en 2003 y sustituida por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en 2003. Hoy en 2008, despúes de 28 años de políticas para el control de drogas, donde su extitular Jose Luis Santiago Vasconcelos está muerto, y los segundos al mando sujetos a proceso judicial estamos, y eso es evidente, peor que nunca: en 1985 los decomisos de cocaína fueron 500 kilos el año pasado 50 toneladas. La conclusión es evidente, una de las principales amenazas a la seguridad nacional son, precisamente las instituciones que se supone deben de velar por ella.

Las iniciativas de reforma legal entrampadas por la lucha político electoral

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 2 de octubre de 2008.

Las reformas que presentó el presidente Felipe Calderón ante el Congreso de la Unión buscan entre otros propósitos crear una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituya a la actual LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995 y reformada el 23 de agosto del 2004. Lo que la iniciativa propone en suma, es quitarle letras a la ley anterior. Porque para fines prácticos, el problema de la criminalidad y de la inseguridad en México no es un problema de leyes, sino de aplicar las que ya existen. Quizás para los estrategas actuales del gobierno federal o para los legisladores que habrán de “perfeccionarla,” el periodo que ha estado vigente la ley de 1995, es una década perdida. Así parece, aún si se utilizan los indicadores de la magra y poco confiable estadística oficial de la criminalidad:

En 1997 se registraron 78 delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes, el mismo indicador para 2007 nos dio un resultado de 130. En el mismo periodo, y en contra del sentido común y de las encuestas de victimización, los delitos del fuero común bajaron su tasa de 1,578 en 1997 a 1,492 en el 2007. Cómo explicar este descenso, quizás con un solo ejemplo, el Distrito Federal que de acuerdo con los datos de su procuraduría bajó su tasa de delitos de 2,743 en 1997 a 1,341 en 2007 (Fuente: Felipe Calderón Hinojosa, II Informe de Gobierno. Anexo Estadístico, México, 2008). Evidentemente las cifras del DF, al igual que el de muchas otros estados del país son, por decir lo menos, cuestionables. Sobre todo en función de las encuestas donde se señala que el porcentaje de la cifra oculta, es decir los delitos que no son registrados por la autoridad, supera el 80%.

El conjunto de iniciativas, y sus detalles habremos de conocerlos en los próximos días. Lo cierto es que analizando la poca efectividad de las acciones federales y la ineficacia de autoridad locales, que no cuentan con cuadros profesionales y técnicos para implementar las reformas legales en la práctica, es previsible que estamos ante una nueva década pérdida en seguridad. La respuesta de por qué ocurre esto, y sólo a manera de hipótesis, se relaciona con la lucha político electoral. La seguridad pública se ha convertido en la bandera electoral por excelencia, y por lo tanto el no avanzar en la solución de los problemas en esta materia, se convierte en un incentivo para los actores políticos, que encuentran en el tema una ventana de oportunidad para manipular a su clientela electoral. Esto se ve favorecido debido a la ausencia de consensos respecto cuáles son las mejores soluciones en seguridad y por el desconocimiento de los ciudadanos sobre la dimensión técnica del problema de la criminalidad. Esta afirmación no implica, que el uso político electoral sea deliberado, sino que puede ser el resultado no intencionado de un aparato institucional arcaico e ineficiente para dar respuesta a los problemas de seguridad, sobre todo aquellos que son propiciados por la delincuencia organizada.

La ley de seguridad de 1995 encontró en las prisiones a 94,000 internos, lo que significaba que por cada 100 mil mexicanos había 102 reos. Hoy que se discutirá una nueva ley, las cárceles encierran a 218 mil personas, lo que equivale a 202 reos, el doble que hace diez años. Así de terca es la realidad nacional…ante cada nueva ley cada vez hay más delitos, más reos, más violencia y más inseguridad.

Seguridad, petróleo, remesas y turismo

Encuentros y Desencuentros. La agenda de la seguridad.
Jueves 24 de julio de 2008.

En México nos sigue faltando visión de futuro, aun no hemos entendido que la seguridad no es una política pública más, sino la base del resto de las políticas. Lamentablemente la coyuntura se sigue imponiendo, y aun a pesar de que todas ellas tienen estrecha relación con la seguridad, seguimos sin ver el bosque completo, sólo vemos el árbol. Tomemos Por ejemplo las tres principales fuentes de ingresos de nuestro País: petróleo, remesas y turismo.

EL PETROLEO. Hoy la discusión gira en torno a las reformas de PEMEX; las visiones polarizadas tienen como objetivos no la seguridad energética del país en el largo plazo, sino los muy cercanos procesos electorales. No se discute el asunto de la energía eléctrica, ni las fuentes alternativas de energía, ni la disminución de la dependencia del petróleo como combustible, no se apuesta al uso de transportes no contaminantes, y sobre todo no tenemos alternativa ni energética ni económica para cuando los recursos petroleros se agoten.

LAS REMESAS. Los ingresos de divisas que envían los mexicanos que viven en el extranjero, han sido la válvula de escape para nuestra economía incapaz de generar empleos. El campo olvidado e improductivo no ha estallado porque el campo está poblado sólo de campesinos subsidiados en lo personal y no como sujetos de generación de riqueza. Un subsidio con carácter social, pero improductivo en términos de rentabilidad económica. No así electoral. Sin embargo, esa ficción empieza a evaporarse. Las políticas contra la inmigración ilegal en los EUA, tanto a nivel federal como estatal, comienzan a afectar el flujo de dinero, empiezan a desintegrar familias, y se anticipa una repatriación voluntario o forzosa de compatriotas.

EL TURISMO. La única actividad que en el largo plazo puede garantizar la viabilidad de México como Nación es su potencial turístico. Sin embargo el turismo ya está siendo afectado por la inseguridad. Por más que autoridades locales o federales quieran ocultarlo, el turismo ha disminuido por la inseguridad. Ejemplos son la franja fronteriza norte, estados del Pacífico y del Sureste.

El eje que estructura nuestras tres principales fuentes de ingresos es la seguridad. De nada sirve quien sea el administrador o dueño del petróleo, si continúan existiendo grupos subversivos que hagan estallar sus ductos, si continua el deterioro ecológico producto de la dependencia petrolera como fuente de ingresos y energética, pero sobre todo porque es un recurso no renovable. Los estadounidenses en general, y sus candidatos a la presidencia en particular han sido claros, no habrá reforma migratoria si no hay primero seguridad. En las condiciones actuales un evento trágico, o desafortunado en contra de extranjeros en suelo mexicano puede desencadenar una caída espectacular e irreversible. Sin seguridad, no hay Estado que administrar. Los políticos y sus partidos deberían de abandonar el horizonte histórico de 1938, y poner sus miras en el 2038, mirando hacia adelante.

La seguridad nacional más allá del CISEN

1. En las semanas recientes el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha estado en medio de una fuerte polémica primero por la contratación de una empresa privada para dar seguimiento a las actividades del poder legislativo federal y a sus integrantes, luego por las denuncias de destacados legisladores que aunque no lo señalan directamente al CISEN como responsable, se insinúa su participación, y finalmente, las declaraciones de su titular a un periódico británico en el sentido de que el Congreso no está a salvo de los intentos de las organizaciones del narcotráfico de arrebatarle el poder al Estado y que no se descarta la posibilidad de que dinero sucio haya estado involucrado en las campañas de algunos de ellos”.

2. Mi comentario más que ahondar en lo que ya se ha dicho busca tratar de ver un poco más el fondo del asunto, para no perdernos en los nombres de personajes que finalmente, son transitorios. Los puntos son:

a) El origen limitado de la Ley de Seguridad Nacional, donde sólo se regulo al CISEN, y se dejaron fuera al resto de instancias del Estado que hacen labores de inteligencia (SDN, SM, PGR, SHCP) e incluso los gobiernos estatales.

b) El desconocimiento y desdén de los legisladores hacia los temas de seguridad nacional, que a pesar de tener una comisión bicameral que los obliga a trabajar permanentemente en la materia, solo la reviven como tribunal del santo oficio, y no para asumir su responsabilidad que la ley les impone.
c) Los problemas de origen: el no respetar lo que señala la propia ley de seguridad nacional en su Artículo 11, que establece que “ Los titulares de las instituciones de Seguridad Nacional, deben entre otros requisitos: III. Acreditar la capacidad y experiencia para el desempeño de la función”, situación que no se cumplió.

3. EL PROBLEMA DE FONDO, NO ES LA REMOCIÓN DEL TITULAR DEL CISEN, SINO QUE EL MODELO DE SEGURIDAD NACIONAL ACTUAL, SU ARQUITECTURA INSTITUCIONAL NO ES LA ADECUADA PARA DAR RESPUESTA A LOS RETOS QUE HOY ENFRENTAMOS, LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL y las nuevas instituciones que de ellas se derivan fueron pensadas para una realidad que ha sido ampliamente superada. Por un lado, no fue posible incluir en la nueva ley la nueva generación de amenazas de carácter global que hoy enfrentan los Estados Nacionales, y sólo se limitó a incluir aún de forma parcial y limitada el catalogo de viajas amenazas conocidas a lo largo del siglo XX. Hace falta una segunda generación de reformas a las instituciones de seguridad nacional que de cuenta de la complejidad de los nuevos retos globales pero sobre todo, que sea congruente con UN PROYECTO DE NACIÓN AL CUAL SE ASPIRA.

4. En el siguiente esquema se muestra un esquema de cuáles serían esas amenazas, y a las que corresponde hacer un análisis de vulnerabilidad para poder identificar prioridades, hacer las reformas pertinentes y asignar los recursos necesarios para hacerles frente. A las amenazas tradicionales, se suman las irregulares, las catastróficas y las desconocidas.

Ilustración 1. Viejas y nuevas amenazas a la seguridad nacional

Nota: Elaboración del autor con el modelo del Quadrenial Defense Review 2005. En el cuadrante de las amenazas tradicionales, las marcadas con un asterisco corresponden a la agenda de riesgos del CISEN, consideramos su inclusión porque es el punto de vista institucional. El subrayado es para anotar que el autor coincide con su inclusión. Las marcadas con dos asteriscos son las que la Organización de Estados Americanos ubicó como amenazas a la seguridad nacional de los países de la región en la Declaración sobre Seguridad de las Américas aprobada el 28 de octubre de 2003.

Extracto de la Ley de Seguridad Nacional publicada en el DOF del 31 de enero de 2005.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
. III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.